Simas Monclova analiza usar la fuerza para liberar sus instalaciones

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) descartó su posible privatización, señaló está abierto para auditorías (cada año el Estado los audita), y analiza usar la fuerza pública para liberar sus instalaciones de los manifestantes, porque afecta la distribución, los mantenimientos, cortes por horario, reportes, cortes de agua y cambios de válvulas.

Eduardo Campos Villarreal, gerente de la descentralizada, señaló que la toma de las instalaciones afecta a la ciudadanía, pues impide el acceso a los trabajadores para las áreas de control de válvulas automáticas para los cortes y cambios de distribución por horario y para el departamento técnico de donde salen las cuadrillas para reparación de fugas, instalaciones, mantenimientos y reportes.

La toma de las oficinas, dijo, también afecta porque impide a los usuarios el acceso para que hagan reportes, den seguimiento a los trámites que hayan hecho, o simplemente acudan a pagar.

Explicó que la integración de nuevos consejeros al Simas, tanto los nombrados por el Estado, como los que quiere meter el ejido Pozuelos, está fuera de su control y compete a otras instancias que él no tiene injerencia.

Sobre el manejo de los recursos afirmó que el sistema está abierto a cualquier auditoría, y dijo que se publica toda la información en las páginas de transparencia en Internet, donde está a disposición del público que lo quiera consultar.

Agregó que cada año autoridades estatales auditan al sistema, por lo que es sencillo investigar sus manejos.

En torno a la toma de las instalaciones, señaló que analiza utilizar la fuerza pública si en las próximas horas no entregan los inmuebles para que Simas pueda operar de manera regular.

Dijo que los inconformes pueden permanecer todo el tiempo que quieran en plantón y en manifestaciones afuera de Simas, pero deben retirar la toma para que el Sistema Intermunicipal pueda operar.

Señaló que en las instalaciones de la colonia Obrera los manifestantes pusieron candados en los portones y dejaron alrededor de 30 trabajadores encerrados del área técnica.

En el pozo Viborillas, ubicado en el Ejido Pozuelos, agregó, negaron el acceso al personal técnico para el mantenimiento y supervisión de la perforación.

“Dicen que no quieren afectar a la población, pero sus acciones están perjudicando las áreas operativas del sistema y afectan a la ciudadanía”, afirmó Campos Villarreal.

Explicó que el área jurídica analiza solicitar la intervención de las autoridades para despejar las áreas operativas y evitar que se generen problemas en la distribución del agua por los horarios de corte y de cambio de válvulas.

Señaló que primeramente espera que mediante el diálogo se llegue a este acuerdo, pero no descartó que se tenga que recurrir a la fuerza policiaca para garantizar el servicio a la población.