Revelan 'deficiencias' en Fiscalía General de Coahuila

Tras llevarse a cabo la evaluación de denuncias y casos presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), fue dado a conocer que en un periodo de cuatro años la dependencia presentó diversas deficiencias en la integración de los casos, entre las cuales se encontró carencias en los actos de investigación, en la promoción de la justicia alternativa, así como que la mitad de los casos se enviaron a archivo temporal sin justificación.

Fue el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con la Fiscalía de Coahuila, y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien realizó una auditoría ciudadana a la entidad para medir la calidad y el desempeño de la justicia penal.

Tras presentarse los resultados del estudio Justicia Penal, Justicia Transparente, Caso de Estudio: Coahuila, fue dado a conocer que en el estado, aún restan acciones para mejorar y eficientar la justicia.

EVALUACIONES

En cuatro años, el IMCO evaluó de manera integral la forma en la que se administra la justicia penal en las agencias del ministerio público de todas las regiones del Estado de Coahuila, donde se recorrieron 8 mil kilómetros y se revisaron mil 245 expedientes, se calificó a 612 servidores públicos y aplicaron 355 encuestas a ciudadanos.

Destacó que los resultados del estudio son un reflejo de las debilidades institucionales de la administración de justicia penal a nivel local, que sigue sin dar respuesta efectiva y no ha logrado crear las capacidades para disminuir la impunidad.

El IMCO identificó cuatro temas principales en los cuales es necesario implementar medidas para mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

Indicó que en el rubro de capacidades y competencias para la ejecución del sistema de justicia penal, se observaron deficiencias en la investigación.

En la minoría de casos se realizaron actos de investigación como peritajes (12 % de casos contaron con peritaje dactiloscópico y 38 % con peritaje de criminalística) o entrevistas a testigos (únicamente en 3 de cada 10 casos).

Además los recursos fueron insuficientes, pues una cuarta parte de los operadores de justicia consideran que requieren de mayores recursos materiales y de infraestructura para realizar sus funciones; también que el personal hasta ahora es insuficiente, por lo cual trabajan hasta 60 horas semanales.

Por otro lado, en el rubro de garantía, respeto y protección de los derechos humanos, indicó que se observaron bajos niveles de asesoría legal para víctimas y de representación legal activa para imputados.

"Únicamente en 3 de cada diez casos, la víctima contó con un asesor jurídico; en el caso de los imputados, si bien la mayoría cuentan con defensor, en solo la mitad de los casos son informados del desarrollo de su proceso", dijo.

Por otro lado, en el contrapeso en las actuaciones de la fiscalía, hay bajos niveles de revisión de las actuaciones de los operadores de justicia.

Las unidades de supervisión interna de la fiscalía realizan, en promedio, una de cada dos revisiones anuales al trabajo de los ministerios públicos, policías de investigación y peritos. Además, la ciudadanía que recibe sus servicios no puede presentar quejas, ya que no se le informa sobre esta posibilidad.

Por otro lado, aseguró que los usuarios del sistema de justicia refieren no tener que dar "pagos" en el proceso. 9 de cada 10 ciudadanos negaron haber tenido que realizar algún "pago" a algún funcionario de la Fiscalía.

Por último en la resolución en las que puede concluir la etapa inicial de investigación indicó que hay poca promoción de los mecanismos de justicia alternativa. Aun cuando son una opción rápida y económica, solo 14 % de los casos se canalizó a uno de estos mecanismos.

"Los casos son concluidos sin justificación ni revisión del superior jerárquico. La mitad de los casos se enviaron al archivo temporal, y pocos tuvieron justificación legal. Además, de los que se enviaron al no ejercicio de la acción penal, solamente 3 % contaron con autorización del superior jerárquico", aseguró.

Cabe destacar que fiscalías optan por enviar los casos a archivo temporal, cuando los datos o indicios son insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance, la investigación y es en caso de tener elementos se podrá solicitar la reapertura de la investigación.

Indicó que así como Coahuila, es necesario que en todo el país se consoliden las capacidades de las Fiscalías para operar el Sistema de Justicia Penal.

Por lo anterior, el IMCO propone a las Fiscalías locales mejorar sus capacidades profesionales y estabilidad laboral; incentivar el uso de mecanismos de solución de controversias en delitos de bajo impacto y elaborar indicadores claros y apegados al Código Nacional de Procedimientos Penales.