En siete de las 11 entidades en las que Morena ganó la gubernatura en el presente año los nuevos mandatarios pusieron a militares al frente de la seguridad pública.
Además, según el diario Reforma, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien ganó las elecciones bajo las siglas del PTPVEM, pero es aliado de Morena, también nombró a un mando militar.
Aunque la designación de los mandos locales es facultad de cada gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción que las Fuerzas Armadas (FA) palomeen los perfiles.
El 19 de octubre, el Mandatario abiertamente pidió a las nuevas Gobernadoras y Mandatarios consultar el nombramiento de sus encargados de seguridad con los titulares del Ejército y Marina.
La finalidad, argumentó entonces López Obrador, es que las Administraciones estatales tengan a mandos honestos, íntegros e incorruptibles.
Como consecuencia, en Guerrero fue nombrado el Capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, y en Michoacán el General y ex Comisario de la Guardia Nacional, José Alfredo Ortega Reyes.
En Colima, la seguridad está a cargo del también Capitán Manuel Llerandi Ruiz, y en Sinaloa del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.
Baja California Sur encomendó la tarea anticrimen al Capitán Javier López García, mientras que Baja California y Tlaxcala designaron a los marinos Iván Carpio Sánchez y Alfredo Álvarez Valenzuela, respectivamente.
El experto en temas de seguridad pública, Carlos Mendoza, consideró que la designación de mandos castrenses en instituciones civiles en los estados no es una práctica conveniente.
“Ya ni siquiera hay un argumento de que va a ser transitorio y que se va a regresar a un mando civil; ahora sólo se consulta a la Defensa o a la Marina (y se hace el nombramiento)”.
“Hay una narrativa explícita de extender el control militar de las fuerzas policiales y eso me parece algo muy preocupante”.
Para México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el nombramiento de mandos militares -en retiro o con permiso- en los estados abona al proceso de militarización.
“La ampliación en las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de otra naturaleza va en detrimento de las instituciones civiles”, señala en el informe “La militarización de la seguridad pública”.
El paso de militares por las Policías locales en los últimos sexenios ha sido cuestionado por sus malos resultados y denuncias de abusos.
En Tijuana y Ciudad Juárez, el Teniente Coronel retirado, Julián Leyzaola Pérez, enfrentó un largo historial de quejas y denuncias por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, privación ilegal de la libertad, tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales.