Purga a científicos: FGR va contra 31 exfuncionarios del Conacyt por desvío de 244 mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) justificó su solicitud de 31 órdenes de aprehensión por el caso del Conacyt, con el argumento de que durante seis años se desviaron 244 millones de pesos a un organismo constituido fuera de su estructura orgánica y que en los hechos era una "empresa privada".
Se trata del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), entidad a la que consideran ajena al Conacyt porque fue constituida como asociación civil, tres meses antes de publicarse el estatuto que autorizaba su creación.
De acuerdo con la causa penal 299/2021, la FGR planteó ante el juez que, al tratarse de una asociación civil, el organismo que recibió el dinero no es el FCCyT que señalan el Estatuto Orgánico y la Ley de Ciencia y Tecnología, pues en este caso debiera ser una entidad integrada a la estructura del Conacyt.
"Lo que permite partir de la premisa de que el Conacyt debía proveer de recursos al FCCyT, no así al FCCyT Asociación Civil, este último como ente privado diverso de aquel que como órgano colegiado forma parte integral de la estructura orgánica del Conacyt.
"La Asociación Civil no podía por iniciativa propia tomar la titularidad de la función encomendada al órgano colegiado FCCyT, es decir, la Asociación Civil no podía ejercer actos de administración sobre los recursos públicos del Conacyt, pues aun al amparo de dicha disposición el dominio sobre el ejercicio de los recursos correspondía directamente al Conacyt, pues el FCCyT es un órgano dentro de la estructura de ese órgano descentralizado", dice la FGR en su solicitud de captura.
El Foro fue constituido el 27 de septiembre de 2002 ante la Notaría Pública 233 del Distrito Federal, por Patricia Zúñiga Cendejas, entonces secretaria técnica, y José Antonio de la Peña Mena, coordinador general de dicha persona moral.
La FGR sostiene que ambos "tomaron maliciosamente" el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, como fundamento para establecer el objeto social del Foro, un apartado que enumera las tareas relacionadas con el análisis y propuestas de políticas nacionales y programas sectoriales de apoyo a la investigación científica y tecnológica.
Estos argumentos fueron rechazados por el juez, porque estimó que la ley es muy clara en señalar la obligación del Conacyt para aportar recursos al FCCyT.
Ante la negativa, la Fiscalía advirtió que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de Conacyt y miembros del Foro Consultivo, "explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan".
En el presente año, los integrantes del Foro han señalado que su creación como asociación civil responde a la propia Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo artículo 38 establece que es tarea del Conacyt otorgarle recursos para garantizar su funcionamiento.