Para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contaminar el medio ambiente sale más barato que cumplir leyes y regulaciones ambientales, tanto locales como internacionales.
En un contexto en el que la ONU llama a combatir las consecuencias irreversibles del cambio climático, ambas empresas estatales clasifican como factor de “riesgo” estar sujetas a regulaciones ambientales porque aumentan sus costos, “debido a que su cumplimiento puede requerir gastos significativos”.
En noviembre de 2020, el Programa para el Medio Ambiente de la ONU anunció que grandes empresas de la industria petrolera y de gas acordaron una nueva forma más transparente de reportar sus emisiones al medio ambiente, medida que ayudaría a abordar una de las mayores causas del cambio climático.
LA LAGUNA, como BP, Abu Dhabi National Oil Company, China Gas, Ecopetrol, ENI, Enegas, Gascade, Repsol, Shell y TotalEnergies.
México, con sus empresas energéticas estatales Pemex y CFE, no sólo estuvo ausente, sino que en informes financieros entregados a inversionistas por separado, ambas consideran que las políticas de regulación ambiental les resultan más perjudiciales que benéficas.
Pemex considera que “las regulaciones ambientales, tanto nacionales como las nuevas leyes y regulaciones que pueden surgir por la creciente preocupación internacional por el cambio climático y el propio Acuerdo de París, signado por el gobierno federal y avalado por la 4T, son un riesgo” que puede afectar la continuidad de la empresa como negocio.
A pesar de que en octubre de 2019 el Instituto de Responsabilidad Climática de Estados Unidos ubicó a Pemex entre las 10 compañías petroleras más contaminantes del mundo, su postura en su reporte al segundo trimestre de 2021 plantea que los retos derivados del cambio climático y las regulaciones ambientales pueden generarle problemas operativos y financieros.
Subraya que convenios internacionales, entre ellos el Acuerdo de París, contemplan esfuerzos coordinados, pero para Pemex “estas medidas podrían aumentar los costos de operación y mantenimiento de la empresa, aumentar el precio de sus productos y posiblemente desplazar la demanda de los consumidores a fuentes de bajas emisiones de carbono”.
IMPACTO A OPERACIONES
El informe financiero presentado el 4 de agosto asegura que “el cumplimiento de Pemex con la regulación ambiental en México podría dar como resultado efectos materiales adversos sobre sus resultados de operación.
“Estas disposiciones requieren procesos largos y costosos y conllevan penalizaciones considerables en caso de incumplimiento. Esta obligación de cumplir con la normativa ambiental aplicable aumenta el costo de las operaciones de Pemex y limita su capacidad de extracción de hidrocarburos, lo que resulta en menores ingresos”.
El 12 de diciembre de 2018, a pocos meses de haber asumido la Presidencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumpliría los compromisos internacionales.
“Estamos listos para implementar el Acuerdo de París”, aseguró la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, durante la Cumbre del Cambio Climático (COP24), celebrada en diciembre del mismo año.
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) consideró el pasado 9 de agosto que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década y no descartan una subida del nivel del mar que se acerque a los dos metros a finales de este siglo.
INCUMPLIMIENTO
Sin embargo, para Pemex contaminar es más barato que apegarse a regulaciones ambientales, lo que explica que en los dos primeros años de esta administración haya incumplido sus propias metas de reducción de emisiones.
En la Evaluación del Consejo de Administración sobre la Ejecución de los Programas Anuales de Pemex correspondiente a 2019, con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, el máximo órgano de gobierno, encabezado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, detectó el incumplimiento en los planes de negocios en materia ambiental.
Señala que el índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la extracción y producción de crudo y gas (toneladas de bióxido de carbono por miles de barriles de petróleo crudo equivalente) fue superior en 15.7 por ciento a la meta prevista.
Además, el índice de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de crudo en refinerías fue superior en 14.2 por ciento, las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno se incrementaron 35.7 por ciento, el inventario de residuos fue superior en 6.3 por ciento respecto al año anterior; el inventario de sitios contaminados (medido en hectáreas) creció 25.1% y el total de fugas y derrames (sin incluir las provocadas por tomas clandestinas) subió 19.7 por ciento.
Ese año, Pemex contó con 11 certificados vigentes de Industria Limpia / Calidad Ambiental.
La evaluación de 2020 no fue diferente: el índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la extracción de crudo y gas aumentó 35.4 por ciento, las emisiones en el proceso de crudo en refinerías crecieron 36 por ciento y en el proceso de gas se incrementaron 15.1 por ciento.
Las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno aumentaron 19.5por ciento, el inventario de residuos peligrosos creció 16 por ciento, los sitios contaminados se incrementaron 12 por ciento, y sólo en fugas y derrames hubo una baja de 15 por ciento.
MAYORES COSTOS
En la CFE los números tampoco son favorables en materia de combate al cambio climático y, al igual que Pemex, considera como factor de riesgo las leyes y regulaciones ambientales.
El reporte financiero al cierre de 2020 señala que se toman en cuenta los impactos ambientales de las obras y acciones de la empresa, y se busca cuantificarlas y valorarlas para asegurar que el balance de beneficios y costos, tanto económicos y de otro tipo, sea favorable.
Cita que “una amplia serie de leyes y reglamentos federales y locales, generales y específicos en materia ambiental y de la industria eléctrica son aplicables a las operaciones de la CFE”.
Añade que “dicha regulación y normatividad aumenta los costos debido a que su cumplimiento puede requerir gastos significativos de recursos”.
Aunque la empresa tiene seguros de responsabilidad civil que incluyen riesgos ambientales, reconoce que “no puede asegurar que estas medidas sean suficientes para cubrir cualquier riesgo derivado de las contingencias ambientales que enfrente CFE”.
Información obtenida por EL UNIVERSAL vía la Plataforma Nacional de Transparencia revela que CFE ha usado combustóleo en la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada en Tula, con aumentos constantes en el contenido de azufre, lo que la vuelve cada vez más contaminante.
La NOM-016: Calidad de Combustibles establece como máximo un contenido de azufre en combustóleo de 3.5 por ciento.
Además, a partir del 1 de enero de 2020, la Organización Marítima Internacional estableció 0.50 por ciento como límite de contenido de azufre en ese carburante usado a bordo de buques que operan fuera de la zona de control de emisiones designadas.
RIESGO PARA LA SALUD
De acuerdo con la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, tan sólo de 2017 a junio de 2021, el contenido de azufre en el combustóleo utilizado para la generación de energía eléctrica en esa central aumentó como promedio anual de 3.99 por ciento a 4.01 por ciento, muy por encima de la NOM-016 y de la norma marítima internacional. Es decir que se emplea un combustible contaminante que nadie quiere usar ni comprar.
Ello explica por qué la termoeléctrica de Tula fue denunciada por violar durante al menos cuatro años la regulación ambiental, poniendo en riesgo la salud de miles de habitantes de la región y de la Ciudad de México.
En mayo, la Profepa inició una investigación en la central por alta emisión de contaminantes, pues según la Semarnat emite cada año más de 130 mil toneladas de dióxido de azufre, entre otros compuestos.
La CFE utiliza desde hace más de 10 años un sistema de control de emisiones a la atmósfera en las centrales de Punta Prieta, La Paz, Baja California Sur y Mazatlán II, en Sinaloa, conocido como (SCEA) para solucionar la contaminación ambiental por el uso de combustóleo, mismo que ha dado buenos resultados.
Sin embargo, la falta de inversión para replicar esa tecnología en sus centrales termoeléctricas ha provocado que la empresa eléctrica siga contaminando.