Saltillo

No parará decomiso de autos 'chuecos': AFG

No parará decomiso de autos 'chuecos': AFG

No parará decomiso de autos 'chuecos': AFG

LUCÍA PÉREZ Y YOLANDA RÍOS

El administrador fiscal general, Roberto Díaz, indicó que los decomisos de autos no serán interrumpidos.

"No hay acuerdo, lo que haremos será revisar cada caso de los autos extranjeros que fueron decomisados para ver la forma en que podemos ayudar", expresó.

Díaz García indicó que la condonación total de las mutas y suspensión de los operativos no podrá realizarse, "nos piden condonar las multas, pero esas peticiones le corresponden al gobierno federal", indicó el administrador fiscal.

El pasado lunes se tuvo una reunión con líderes de las organización Unidad Campesina Democrática (UCD) y Organización Nacional de Protección al Patrimonio familiar (Onappafa) en donde se acordó formar comités para atender cada uno de los casos.

Esta comisión se reunirá hoy con diputados locales en el Congreso de Coahuila, el jueves hablarán en Torreón con personal de la Secretaría de Gobierno.

Los operativos contra los autos que no pagaron sus derechos vehiculares iniciaron en enero de 2014, a la fecha se retuvieron alrededor de dos mil vehículos, de los cuales 103 son los denominados "autos chuecos".

En La Laguna se retuvieron 73 vehículos de este tipo, el resto en Monclova y la Región Norte del Estado, el decomiso de esos autos ocasionó múltiples manifestaciones en Monclova y Torreón, en donde quemaron carros a manera de protesta.

Además el pasado lunes tomaron el Palacio de Gobierno para exigir reunirse con el secretario de gobierno, Víctor Zamora.

REUNIÓN PGJE: Otro de los acuerdos realizados entre el gobierno del Estado y las organizaciones Onappafa y UCD, es realizar una reunión con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La reunión se realizará hoy miércoles y tiene la finalidad de revisar si los vehículos decomisados cuentan con reporte de robo.

La petición de las organizaciones es establecer un convenio con el gobierno del Estado para regularizar los vehículos de procedencia extranjera.

EXHORTAN A REGULARIZARSE

El gobernador Rubén Moreira invita a los poseedores de vehículos de procedencia extranjera a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda para pagar los derechos de importación correspondientes.

Sostiene el compromiso de apoyarlos con descuentos especiales en los pagos de Derechos Vehiculares una vez regularizada la situación fiscal.

Informó que se gestionará ante el SAT la instalación de un módulo aquí en Coahuila, que les permita acelerar las gestiones para la regularización de las unidades.

Expresó con relación a la manifestación de organizaciones que representan a los tenedores de estos vehículos que "sólo cumplimos la ley".

El administrador fiscal general, Roberto Díaz, declaró que los operativos de decomiso continuarán, en tanto que el gobernador del Estado dijo al respecto que "necesitamos atender este tema que tiene que ver con la seguridad, con la necesidad de fortalecer los empresarios y respaldar a las empresas automotrices que se establecen en Coahuila".

ESPERAN FALLO

Tras la movilización que realizara la Unión Nacional de Organizaciones Sociales (UNOS)en la Ciudad de Saltillo, ahora esperan la resolución de los trámites de revocación que presentaron ante la Secretaría de Finanzas.

Jesús Barrios, líder de la organización Conappafa que forma parte de UNOS, informó que como parte de los acuerdos a los que se llegó con el administrador fiscal general, está el de presentar dicho trámite para iniciar la cancelación de las multas y la probable devolución de las unidades.

Dijo que ahora más que los autos, lo que le preocupa a las familias afectadas por los decomisos son las multas que se aplicaron al no contar con el pedimento de importación, que aún no es posible tramitar.

Barrios informó que son 42 los trámites que se iniciaron ante el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec) para la revocación de las multas, que va de los 65 mil hasta los 249 mil pesos.

Reconoció que son procedimientos que podrían tardar hasta seis meses, tiempo en el que confía que la resolución sea favorable a los afectados.

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