Peña Nieto ordena investigar compra de sus casas
Luego de tres meses de controversia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó a un subalterno investigar si hubo conflicto de interés en la compra de residencias y asignación de obras a empresarios cercanos a su gobierno.
En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario otorgó a Virgilio Andrade, exconsejero electoral cercano al PRI, el nombramiento de secretario de la Función Pública, cargo que no había designado en dos años.
"He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-venta de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y con un servidor", dijo.
Ese trabajo será sometido a un panel de expertos, con "reconocido prestigio" en materia de transparencia, para que conozca y evalúe los resultados de la investigación.
Peña Nieto y sus allegados han sido acusados de favorecer a sus amigos con obras y beneficiarse con residencias.
El 9 de noviembre se dio a conocer que su esposa Angélica Rivera compró una residencia en las Lomas a Ingeniería Inmobiliaria del Centro (IIC), filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, contratista del gobierno del Estado de México cuando Peña fue gobernador.
Ese empresario formaba parte del grupo que ganó el contrato del tren México-Querétaro, pero ante el señalamiento, la licitación se canceló.
El 11 de diciembre, "The Wall Street Journal" publicó que el secretario Luis Videgaray compró una casa valuada en 7.5 millones de pesos a Hinojosa Cantú, en el Club de Golf de Malinalco.
Ese mismo diario informó el 20 de enero que a fines de 2005 Peña compró una casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal a Roberto San Román Widerkehr, cuyo hijo es su compadre y también fue contratista frecuente de la administración mexiquense.
Acompañado de funcionarios del gabinete, Peña Nieto anunció además un plan de ocho acciones anticorrupción que deberá poner en marcha la Función Pública.