Endurece EUA política interna a migrantes
La Administración de Donald Trump, presentó este lunes una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una "carga pública" para el país.
Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses. "En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses", detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
"Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una 'green card' (permiso de residencia permanente"), subrayó Cuccinelli.
Con esta nueva norma, Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las "green card" o de algunos visados. Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una "carga pública" para la Administración, es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
"A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos", dijo Cuccinelli. De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en EUA. Pero también puede determinar la concesión de un visado legal al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero "es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública".
De acuerdo al Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.
Trump sin apoyo por asilo
La mayoría de los estadounidenses no apoya la gestión que está haciendo su Gobierno respecto a los demandantes de asilo y, por otro lado, sostiene que debería haber una vía para que los indocumentados permanezcan legalmente en Estados Unidos, según un estudio publicado este lunes por el Centro Pew. De acuerdo a una encuesta de dicho centro, casi dos tercios de los consultados -el 65 %- cree que el Ejecutivo está teniendo un desempeño muy malo o algo malo a la hora de lidiar con el número creciente de solicitantes de asilo en la frontera con México, frente al 33%que opina que el Ejecutivo está haciendo un buen trabajo. Para afrontar la crisis en la frontera, el 86 % de los estadounidenses ve que es muy importante (52 %) o algo importante (34 %) incrementar el número de jueces que llevan casos migratorios. Además, el 82 % defiende que también es importante proporcionar condiciones seguras y sanitarias a los demandantes de asilo una vez que llegan a territorio nacional. Para elaborar este informe, el Centro Pewhizo una encuesta entre 22 de julio y el 4 de agosto a la que respondieron 4, 175 de las 5, 766 personas consultadas.
Afectará a niños
La decisión del presidente de EUA, Trump, de limitar el acceso a la ciudadanía o a la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayuda pública fue considerada este lunes un ataque a la democracia y una forma de “penalizar” el acceso de los niños a la comida, advirtieron organizaciones sociales.
La posibilidad de retirar la residencia permanente a quienes sean considerados una “carga pública” tomó por sorpresa a activistas, expertos y conocedores de política pública, quienes coincidieron en que envía un mensaje en contra de la migración.
Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos.
“Al penalizar a la gente que tiene algún tipo de subsidio público, alimentos, las estampillas para la comida o ese tipo de cosas, básicamente se está penalizando a los niños.