Pide asilo y acusa a exgobernador
Ante el temor de persecución por parte de un grupo del crimen organizado en México, un hombre originario del municipio de Allende solicitó asilo a las autoridades norteamericanas. En dicho proceso la persona presentó pruebas de la participación activa de policías en la masacre de Allende en 2011 y que un exgobernador de Coahuila era aliado de los Zetas.
Lo anterior derivado de un documento presentado ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el quinto circuito, correspondiente al caso 15-60532 –CV0; presentado por José Iruegas Valdez, de aproximadamente 40 años y originario del municipio de Allende, Coahuila.
La persona apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés), la negativa del Juez de Inmigración (IJ) de su solicitud de retención de remoción y alivio bajo la Convención contra la Tortura (GAT).
José Iruegas declaró tener miedo de regresar a México, dado que sus primos José Luis Garza y Héctor Moreno eran miembros de alto rango del cártel de los Zetas, al cual traicionaron al llevarse cinco millones de dólares y libros de contabilidad pertenecientes al citado grupo delincuencial a Estados Unidos y posteriormente convertirse en informantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA en sus siglas en inglés) en 2011.
En el documento se da cuenta que Iruegas Valdez, declaró ante un Juez de Inmigración, detalló que el cártel de los Zetas tomó represalias asesinando a miembros de la familia de José Luis Garza y Héctor Moreno; registrándose así la matanza de Allende.
"Los Zetas. . . Envió 50 troncos [sic] de gente a en [sic] el Coahuila, donde yo nací. Ellos fueron a la ciudad y recogieron a muchos de mis familiares ", fue parte de lo que declaró Iruegas Valdez. Detalló que al menos 10 de sus familiares cercanos fueron asesinados; incluyendo a su primo Arnoldo Pérez Iruegas Velasco y a su esposa, quien aseguró fue decapitada, aún teniendo ocho meses de gestación.
José Iruegas relató que al menos 200 personas, vinculadas con sus primos fueron ejecutados y que dicho cártel sigue buscando a familiares y personas relacionadas con ellos.
Según el documento número 00513845791, del caso 15-60532 presentado el pasado 23 de enero del año en curso ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Quinto Circuito, establece que “Iruegas Valdez proporcionó pruebas de que los agentes de policía eran participantes activos en la masacre de Allende. También aportó pruebas de que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, era un aliado cercano de los Zetas y específicamente permitió el ataque”.
Situación por la cual solicitó asilo bajo la Convención contra la Tortura (GAT), misma que en primera instancia el Juez Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración le negaron, argumentando que el solicitante no acreditaba que la tortura se relacionaba con acciones por parte de funcionarios públicos.
Finalmente, la Corte de Apelaciones anuló la decisión de las instancias ya mencionadas y pidió regresar el caso y considerar las pruebas presentadas por Iruegas Valdés y que podrían determinar que la tortura pudiera realizarse “por” o con el “consentimiento” de funcionarios gubernamentales.