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Los juzgados federales se mantendrán en paro hasta el 24 de octubre, cuando el Senado de la República lleve a votación la propuesta de la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
El 24 los asambleístas de la Cámara Alta aprobarán o rechazarán el dictamen votado por los diputados federales para desaparecer 13 de las 14 cuentas de fondos fiduciarios del tercer poder del gobierno federal, que debe ser autónomo, indicó Luis Lauro Quintero Floyd, secretario adscrito al Juzgado Cuatro de Distrito de Monclova.
El funcionario del poder judicial de la federación indicó que es muy probable que el senado, con mayoría de Morena, confirme la votación de los diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional para quitarles a los trabajadores de los juzgados y tribunales los beneficios laborales que tienen.
"Si un trabajador (del PJF) percibe, por decir, 10 pesos, con la desaparición de los fideicomisos recibirá sólo 4" ejemplificó Quintero Floyd.
Agregó que la Auditoria General de la Federación ha auditado los 24 fideicomisos del Poder Judicial y nunca ha encontrado malos manejos.
Expuso que los fondos guardados en los fideicomisos son recursos para cubrir necesidades de los trabajadores, no canonjías ni beneficios a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El resultado de la votación que el Senado realice sobre la extinción de los fideicomisos establecerá las acciones que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizarán.
De rechazar la desaparición de los fondos, los empleados de los juzgados y tribunales regresarán a trabajar, pero de ser contraria la votación, buscarán estrategias legales para revertir el mandato del poder legislativo que violaría los derechos y garantías de los trabajadores y empleados del sistema judicial de la federación.
Luis Lauro Quintero Floyd dijo que no se descarta promover un amparo contra las reformas promovidas y aprobadas por Morena, y dijo que no habría problema o conflicto porque serían los magistrados quienes decidirán si la demanda de justicia de los empleados del Poder Judicial es legal y justificada.