Durante su gestión fueron acreditamos crímenes de lesa humanidad, reconocidos por el Estado chileno y consignados en los informes Rettig y la Comisión Valech. (X)
A los 98 años falleció la madrugada de este domingo el exmiembro de la Junta Militar durante la dictadura chilena, exsenador y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Rodolfo Stange.
Parte de la Junta Militar entre 1985 hasta el fin de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), Stange conservó el mando de Carabineros en calidad de director general hasta 1995, para luego pasar a ocupar un escaño en el Senado del país suramericano entre 1998 y 2006.
Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973), Stange fue designado delegado de Gobierno en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), cargo que ejerció entre el 24 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1974.
Luego de la salida del general César Mendoza del mando de Carabineros tras el llamado "Caso Degollados", el asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, quienes fueron detenidos y secuestrados en dos operativos en marzo de 1985 para luego ser encontrados degollados cerca del Aeropuerto de Pudahuel, Stange asumió el mando de la institución.
En ese marco fue procesado por la Justicia chilena por incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia, y posteriormente fue exonerado en la misma causa.
Durante su gestión fueron acreditamos crímenes de lesa humanidad, reconocidos por el Estado chileno y consignados en los informes Rettig y la Comisión Valech.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo de casi 40 mil víctimas, entre ellas al menos 3 mil 200 opositores asesinados de los que mil 469 fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros mil 162, según las últimas cifras oficiales.
El informe de la Comisión Valech se conoció en noviembre de 2004, durante el Gobierno del socialista Ricargo Lagos (2000-2006), y certificó que más de 27 mil personas fueron víctimas de prisión política, tortura y exilio.
Posteriormente, en el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió un segundo informe que sumó casi 10 mil personas más.