El Gobierno paraguayo decretó este martes la alerta roja sanitaria debido "al aumento sostenido y récord de contagios por COVID-19" de los últimos días y advirtió que de proseguir la tendencia ello puede derivar en el colapso del sistema público.
El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud un día después de alcanzarse el mayor número de contagios en 24 horas (1,817), con lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 169,860 y el de fallecidos a 3,343, en una población de 7 millones de habitantes.
Y coincide con la asunción del nuevo ministro de Salud, Julio Borba, dentro de los cambios anunciados por el Gobierno de Mario Abdo Benítez para contener unas multitudinarias protestas ciudadanas cuyo origen fue precisamente la carencia de medicamentos para los pacientes de coronavirus.
El comunicado manifiesta la preocupación de los responsables de Salud por "el alto grado de aglomeración que se observa en diversas actividades y el bajo acatamiento de las medidas sanitarias".
En ese sentido, el ente advierte que esa situación podría "repercutir negativamente en la salud de cada individuo y de su entorno cercano y, en consecuencia, llevar al sistema de salud a un colapso, exponiendo a muchos enfermos de COVID a fallecer sin poder ser atendidos como aconteció en otros países de la región".
Al respecto, el ministerio recomienda evitar "las aglomeraciones, reducir el tiempo y la frecuencia de encuentros y reuniones y postergar toda actividad no esencial".
Y reitera que el incumplimiento de las medidas preventivas que ya rigen en el país "puede resultar en una inminente sobrecarga en los hospitales a causa del contagio masivo y el fallecimiento de más compatriotas".
PROTESTAS Y CAMBIOS EN GOBIERNO
Horas antes del comunicado, el nuevo ministro de Salud tomó juramento del cargo con la prioridad de aliviar el desabastecimiento de insumos médicos de uso frecuente en pacientes intubados de COVID-19 y acelerar la llegada de las vacunas, según dijo la víspera, al anunciarse su designación.
Esos factores costaron el cargo la pasada semana a su antecesor, Julio Mazzoleni, a lo que siguieron unas protestas ciudadanas que exigen la renuncia del presidente, Mario Abdo Benítez, razonada en una gestión de la pandemia considerada por eso grupos de inepta y con escándalos de corrupción, también en el ámbito sanitario.
Ello después de que el Gobierno consiguiera la aprobación del Congreso para un línea de crédito de 1,600 millones de dólares, sumados a otros recursos para reforzar la deficiente capacidad hospitalaria del país y hacer frente a la caída del empleo.
La nueva administración sanitaria baraja recomendar la suspensión de las clases presenciales, que comenzaron este mes combinada con la fórmula virtual.
Desde el Gobierno también se ha apuntado que los caos de contagios aumentarán en los próximos días como consecuencia de las concentraciones de protesta de los pasados cuatro días.