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Monclova

Acusan a abogado de encabezar banda de usurpadores de identidad en Monclova

Presuntamente despojaron de 800 mil pesos a un ex trabajador

SERGIO A. RODRÍGUEZ/ EL SIGLO COAHUILA/ MONCLOVA COAH.
jueves 04 de junio 2020, actualizada 3:40 pm

El abogado de una empresa, su asistente y una tercera persona, presuntamente montaron un complejo plan para despojar de más de 800 mil pesos a un ex trabajador, usurpando su identidad en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Esteban Corrales Rivero de 46 años de edad, operador de camiones de carga de residuos peligrosos, el 15 de noviembre de 2018 presentó una demanda laboral contra su patrón, Oyersa S.A. por despido injustificado, asesorado por su abogado Julio Fernando Chavez Villa, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El juicio fue ganado y el laudo en la junta de conciliación y arbitraje otorgó 580,000 pesos de indemnización al demandante.

El 20 de febrero minutos después de las nueve 30 horas un hombre que se hizo pasar por Esteban Corrales, firmó un desistimiento de la demanda y de la sentencia ganada, y aceptó un finiquito por renuncia voluntaria.

El individuo, posteriormente identificado como Franz Omar Cipriano Martínez, asistente del abogado de la empresa, se identificó con la credencial de elector de Corrales Rivero para hacerse pasar por el demandante y renunciar a la demanda.

Llegó acompañado de su jefe, el abogado Jorge Luis Garza Calvillo, representante de Oyersa y firmó el convenio y cobró el finiquito por una cantidad mucho menor a la marcada en el laudo; estos hechos quedaron registrados en cámaras de video del sistema de circuito cerrado de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Irregularidades en la JLCA

El ex trabajador al darse cuenta que usurparon su identidad con su propia credencial de elector, denunció penalmente lo ocurrido contra quienes resulten responsables.

El abogado penalista Benito Alfonso Salazar Rábago tomó el caso penal y luego de estudiarlo e investigar, señaló extrañas irregularidades en el expediente laboral de Esteban Corrales.

Conforme a las leyes laborales, dijo Salazar Rabago, se debe señalar y fijar un monto preliminar para el trabajador, lo que pasó solo después que se presentó la demanda penal por el delito de usurpación de identidad, muchos meses después de iniciado el proceso laboral.

La Junta Local debió por ley dar vista al Ministerio Público de la usurpación de identidad, también debió entregar los videos de todas las cámaras de seguridad con las grabaciones del 20 de febrero de 2019 para identificar quienes participaron y firmaron en el desistimiento falso, dijo el abogado penalista.

Sostuvo que la JLCA extrañamente no reportó los hechos a la Fiscalía General del Estado y que se excusó ante el Ministerio Público cuando le pidió las grabaciones que debió entregar desde el principio, diciendo que estas se borraron porque pasó mucho tiempo, y que solo entregó la de una cámara, omitiendo las demás que no pudieron ser revisadas.

No se realizaron los protocolos el día de la firma falsa

El representante en lo penal del ex trabajador, explicó qué hay más situaciones extrañas en lo ocurrido, que hacen pensar que existe confabulación dentro de la Junta.

De entrada, expuso, en la mesa donde se firmó el acuerdo falso, la encargada no verificó que el supuesto trabajador demandante, fuera el mismo de la foto de la credencial de elector.

Tampoco recibió el dinero del finiquito, ni lo contó en la mesa o en una oficina destinada para eso, ni siquiera checó si existía el paquete donde supuestamente lo llevaba el licenciado Jorge Luis Garza, lo entregó totalmente fuera de los protocolos, directamente al falso Esteban Corrales, que en realidad era su asistente Franz Omar Cipriano.

Una mujer cómplice se apoderó de la credencial de elector del ex empleado

Salazar Rábago explicó que después de semanas de investigaciones, localizó e identificó a la mujer que se apoderó de la credencial del INE del demandante.

La sospechosa, expuso el penalista, responde al nombre de Xiguathcil Landay Ortiz, es empleada de una cadena de centros comerciales, y que se hizo pasar por funcionaria de gobierno y le pidió el documento para votar al ex obrero, supuestamente para sacarle una copia y anotarlo en un programa social para ser beneficiado con despensas, ya que estaba sin empleo.

Días después el documento de identificación del ex operador de camiones de carga apareció en manos del asistente del abogado de Oyersa, se hizo pasar por el demandante laboral y firmó el desistimiento a los 820 mil pesos que le correspondían por el finiquito de 580 mil más los salarios caídos.

El abogado de la empresa, Jorge Luis Garza Calvillo, tiene al parecer varias denuncias penales por usurpación de identidad en procesos laborales y en otros delitos de tipo fraudulento, indicó Benito Alfonso Salazar Rábago.

El abogado penalista explicó que actualizó la demanda penal por el caso de su cliente, y la cambiaron de denuncia “contra quienes resulten responsables” ahora contra el abogado Garza Calvillo, su asistente Franz Omar Cipriano Martínez, Xiguathcil Landay Ortiz y quienes resulten responsables.

Salazar Rábago explicó qué hay aparentemente más demandas contra Garza Calvillo por este tipo de acciones ilegales y fraudulentas, y dijo que podría tratarse de una banda que monta complejos fraudes contra los ex trabajadores.

Por su parte el abogado laborista del desempleado, el licenciado Julio Fernando Chávez Villa, dijo que la demanda laboral continúa, se canceló el acuerdo al demostrar que era falso, y su representado cobraría este jueves una cantidad de dinero que corresponde a parte de su terminación. Y aún falta el total del finiquito por más de 820 mil pesos.

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