Suben diputados condenas a feminicidas en México
Tras aumentar a 65 años de prisión y el pago de 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio, el pleno de la Cámara de Diputados condenó el acoso y los asesinatos de mujeres y niñas, entre ellos el de Fátima, por lo que los legisladores avalaron un exhorto a los gobiernos federal, estatales y municipales para que implementen un plan de acción emergente, a fin de erradicar la violencia contra ellas, la cual definieron como una emergencia nacional.
Durante las sesiones de este martes, la Cámara de Diputados y del Senado guardaron un minuto de silencio por el feminicidio de Fátima y se solidarizaron con su familia. Cada pleno debatió este tema.
En San Lázaro hubo exigencias al presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea sensible y empático con las mujeres por las agresiones y asesinatos de los que han sido víctimas, además de que cumpla con su obligación de respetar las leyes y los derechos humanos.
La presidenta de la Cámara Baja, Laura Rojas (PAN), fue directa: "Nos están matando (...) Ya se ha dicho mucho y lo seguiremos diciendo hasta que las muertes de mujeres y niñas paren. Hasta que los lamentos que señalan: 'Nos las mataron' dejen de oírse en los velatorios. Hasta que asumamos que la nuestra es una sociedad machista, violenta, feminicida y empecemos a cambiar.
"Hasta que las autoridades, todas, dejemos de minimizar el problema y las exigencias de solución sean atendidas, lo seguiremos diciendo, hasta que los ministerios públicos dejen su indolencia y burocratismo ante las denuncias de mujeres violentadas y desaparecidas; hasta que las fiscalías y los juzgados se tomen en serio su obligación de terminar con la impunidad y aprendan a impartir justicia con perspectiva de género", aseguró Rojas Hernández.
En el exhorto que se avaló por unanimidad en el pleno de San Lázaro manifestaron su rechazo a cualquier forma de violencia de género y solicitaron a las autoridades de todos los órdenes de gobierno que implementen una política integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
La Cámara de Diputados pidió a las autoridades educativas federales y estatales que realicen una revisión exhaustiva de los protocolos vigentes e implementen medidas eficaces para proteger la integridad, seguridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes que acuden a las escuelas.
Se hizo un llamado a las autoridades responsables de seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia para garantizar tanto el derecho a una vida libre de violencia como a la vida, libertad e integridad personales, y de acceso a la justicia pronta y expedita que aplique con perspectiva de género.
Llamó a ampliar y actualizar los protocolos de investigación en el desarrollo de las capacidades policiales y del personal encargado de las indagatorias por denuncias de violencia contra las mujeres, y de los sistemas de persecución e investigación de los feminicidios.
Cambios legales
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión y una multa de hasta 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio:
*En el dictamen enviado al Senado también se aumenta de ocho a 10 años de prisión al servidor público que retarde y entorpezca maliciosamente o por negligencia la investigación del delito de feminicidio.
*Incluso, a aquella persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en una que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo se le impondrá una pena de 10 a 18 años de prisión.
*Los diputados avalaron reformas al artículo 259 del Código Penal Federal para tipificar el acoso sexual, estableciendo que lo comete quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona sin su consentimiento, imponiendo una sanción de hasta 800 días de multa, unos 69 mil 504 pesos.
*En caso de tratarse de un servidor público, la destitución del cargo con posibilidad de ser inhabilitado hasta por un año sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas a las que haya lugar.