Investigan en Morelos a jueces por liberar secuestradores
El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, confirmó que 11 jueces son investigados por la liberación de 64 presuntos secuestradores y aprovechó para exhortar al Poder Judicial a revisar la situación porque, dijo, "estas personas no pueden quedar en libertad para continuar con su actividad delictiva".
Los 64 presuntos secuestradores, resaltó Ojeda, están libres por decisión de los jueces que otorgaron sentencias no vinculatorias. "Fueron dejados en libertad en procedimientos judiciales por error de criterio porque después fueron revocadas todas las resoluciones y ya estaban en libertad", denunció el encargado de la política interna.
Declaró que el pasado 8 de febrero, los elementos policiacos recapturaron a una persona que había sido capturada por secuestro y dejado en libertad por decisión de un juez, y después fue revocada la resolución por lo que estaba ordenada su recaptura y actualmente está sentenciada a 100 años de prisión.
Ojeda Cárdenas llamó al Poder Judicial, que encabeza María del Carmen Verónica Cuevas López, a revisar esta situación y pidió a la sociedad involucrarse y presentar las denuncias, porque así como reclaman resultados por parte de las áreas de prevención del delito y procuración de justicia, también es importante que se involucren y den la cara a la administración de justicia.
El lunes, el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, anunció que investigarán a los jueces del estado por posibles actos de corrupción y por su lado el comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que detectaron irregularidades en el actuar de dos jueces, por lo que el área jurídica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz atenderá el tema y de ser posible se levantarán las denuncias.
En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exhortó a las instituciones judiciales y a cualquier otro funcionario a presentar las denuncias correspondientes en caso de contar con pruebas contundentes en contra del proceder de algún trabajador del Poder Judicial, y prometió ningún impartidor de justicia que haya cometido un acto irregular o contrario a la ley será solapado.