Ahora que la coordinadora nacional Agua para Todos anuncia que el 4 de febrero presentará la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados a las 9:30 de la mañana, útil es recordar que la actual Ley de Aguas Nacionales fue promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -renegociado ahora como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC-, y su función principal fue remplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas de manera masiva "en orden de solicitud" por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.
Pedro Moctezuma y Elena Burns, investigadores, advierten que bajo la Ley de Aguas Nacionales (LAN), a lo largo de los años noventa, la Conagua otorgó masivamente concesiones a largo plazo -de 30 años para empresas y de 10 para pequeños productores- para todos los pozos y tomas existentes, bajo el supuesto de orden de solicitud, sin importar la existencia de 344 vedas de agua superficial y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.
Funcionarios de la Conagua, desconcertados por éste proceso, comenzaron a referirse a los "pozos fantasma" de grandes empresas que especulaban con el agua. De inmediato surgió un vigoroso mercado de concesiones, el cual, según las intenciones de la LAN, iba a permitir que el agua quedara en manos de sectores y empresas más productivas y rentables.
El otorgamiento masivo de concesiones "en orden de solicitud" fue opaco, arbitrario y discriminatorio contra los pueblos y a favor de intereses más cercanos al régimen federal en turno. Los pueblos originarios no fueron informados del sistema de registro, y sin su consentimiento, sus fuentes históricas de agua fueron registradas en nombre del gobierno del municipio en donde se ubicaba la toma, o en nombre de alguna empresa o cacique. Cuando sí llegaron a solicitar el registro de sus fuentes, por lo común -en Oaxaca, Puebla, Estado de México, Baja California y Ciudad de México- utilizaron la existencia de una veda para negárselo.
Además de las concesiones, la Conagua asignó enormes volúmenes de agua a comisiones estatales y organismos municipales, empezando con 300 litros por día por habitante para zonas urbanas y 150 litros por día para zonas semiurbanas y rurales, con justificación de que los sistemas urbanos podían sufragar sus gastos con venta de agua potable a industrias. El 5 % de las aguas nacionales -80 % de fuentes subterráneas- fueron asignadas a la Comisión Federal de Electricidad para uso en generadores termoeléctricos.
Cuando la Conagua realizó sus primeros estudios de disponibilidad en 2003, descubrió que había otorgado concesiones en exceso a los volúmenes disponibles en 102 acuíferos y 100 cuencas. Para el año 2015, había otorgado 500 mil concesiones, incluyendo 5.6 trillones de litros anuales de aguas subterráneas y 17 trillones de litros anuales de aguas superficiales en exceso a su disponibilidad. Seis de cada diez mexicanos dependían por su agua de acuíferos sobreexplotados. Y gracias al libre mercado de concesiones, 70 % de las aguas nacionales concesionadas estaban en manos de sólo 7 % de los concesionarios.
La Ley de Aguas Nacionales, basada en mecanismos de mercado, ha quedado incongruente frente a la aparición e incipiente consolidación de un marco jurídico constitucional e internacional centrado en derechos humanos y de los pueblos, que reconoce y busca hacer respetar los límites de sustentabilidad.
Posterior a la aprobación de la LAN, la Constitución fue reformada para reconocer primacía de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, así como derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la información, a la alimentación y a la participación ciudadana para lograr acceso equitativo y sustentable al agua.
El 4 de febrero, Agua para Todos entregará a la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana que exige una Ley General de Aguas que siente las bases para la coparticipación ciudadano-gubernamental, con el fin de lograr una transición planificada al acceso equitativo y sustentable al agua, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos.