Dada la crisis de violencia que nuestro país ha vivido por décadas, México cuenta con un sistema de información en materia de seguridad y justicia.
A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Inegi podemos conocer el número de delitos y víctimas que ocurren cada mes a nivel nacional, regional, estatal y municipal, identificar la capacidad del Estado de darle acceso a la justicia a las víctimas y la eficacia de la procuración de justicia, conocer la vivencia de las personas respecto a los delitos sufridos, así como la confianza que tenemos hacia las instituciones de seguridad y justicia.
Nuestro país es uno de los que cuenta con mayor cantidad de información sobre delitos, estos siguen teniendo inexactitudes a partir de que no siempre una denuncia se transforma en una investigación y, cuando esta se inicia, puede reportarse por tipos penales que no siempre corresponden al delito sufrido.
Por años en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos demostrado cómo algunas entidades falsean información, reportan inadecuadamente casos o víctimas u omiten investigar algunos delitos.
Los problemas de registro se deben a las excesivas cargas de trabajo en las procuradurías y fiscalías, a la falta de profesionalización, la ausencia de procesos y supervisión, un pobre sentido de rendición de cuentas e incluso, por la conveniencia política de dar a conocer los números reales de incidencia de delitos.
El problema de datos imprecisos es que con ellos se toman malas decisiones y aún más, atrás de una mala estadística delictiva hay una pobre atención a las víctimas del delito.
Nada de esto es nuevo, nuestras autoridades lo saben, el ONC y muchas otras organizaciones hemos dado a conocer diagnósticos que muestran cuáles son los errores y cuáles las posibles soluciones. Por ello sorprende la respuesta del pasado viernes 6 de noviembre cuando la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), dio a conocer que, de la mano del Inegi y la FGR, los procuradores y fiscales del país acordaron implementar, por su propia cuenta, un sistema paralelo para el registro de incidencia delictiva, a partir de 2020.
Si bien este acuerdo podría parecer un instrumento para enriquecer la información delictiva, debemos ser cautelosos con su bienvenida. Por un lado, carece de fundamento legal para desarrollarlo -la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen esta responsabilidad en el SESNSP, en lo específico en el Centro Nacional de Información (CNI)- y, por otro lado, genera espacios de oportunidad para debilitar la información con la que contamos.
Además, abre la posibilidad de confundir más a la opinión pública sobre los datos, al tiempo que genera un espacio de oportunidad para que la información no sea comparable con las series históricas y por ende no permita entender si vamos mejorando o empeorando.
Si lo que busca la CNPJ es mejorar la rendición de cuentas y expresar de manera clara la capacidad del Estado para actuar, no es necesario desarrollar un nuevo sistema de registro, basta con que cumplan con lo que por años se ha expresado en los informes de gobierno.
Recordemos que en el informe del primer año de gobierno del presidente del pasado 1 de septiembre, la autoridad federal ocultó la información sobre las órdenes de aprehensión ejecutadas, las puestas a disposición, las sentencias condenatorias o el número de personas hacinadas en los centros penitenciarios -entre muchos otros datos-.
Preocupa la intención de la CNPJ de desarrollar un sistema alterno de información. Pareciera que buscan presentar datos más halagüeños en un contexto de violencia en aumento. Esta no mejora los motivos por los cuales hay debilidad en registros ni en combatir delitos, en cambio permite la manipulación de información.
Twitter: @frarivasCoL