Cárcel, destitución e inhabilitación: penas de los delitos que acusan a servidores públicos
Juan Francisco Moreno Maldonado, abogado defensor de tres exempleados del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras que, tras una demanda laboran han procedido de forma penal contra funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Estado de Coahuila de Zaragoza, refirió que los delitos denunciados en la querella pueden castigarse con cárcel, destitución e inhabilitación de servidores públicos.
Y es que la citada denuncia fue presentada contra un magistrado del TSJEC, Óscar Nájera Davis, quien acudió a finales de abril del año en curso para pedirles la renuncia a tres trabajadores del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras. Tras no acceder, fueron destituidos. Durante la visita, se registró una presunta coalición con otros jueces de la citada dependencia, quienes también son señalados en la denuncia.
Moreno Maldonado recordó que son varios los delitos en los que considera que incurrieron varios funcionarios públicos, algunos de los cuales se fundamentan en el Código Penal vigente y otros en el catálogo de delitos cometidos por servidores públicos. Y es que se denunciaron delitos como: extorsión agravada, prevaricación, falsificación, alteración o uso indebido de documentos públicos agravado, así como por coalición de servidores públicos y abuso de funciones.
Con relación al delito de extorsión, que se refiere en el artículo 439 y 440 del Código Penal, dicha legislación establece que la penalidad va de cinco a 12 años y que se duplicará cuando sea cometido por algún servidor público. Establece que el funcionario que incurra en este delito, se le destituirá e inhabilitará de uno a cinco años para ejercer algún otro cargo público.
Respecto al delito de prevaricación, que se establece en el artículo 230 del código penal vigente, señala que se impondrá la suspensión de un mes a un año del cargo del empleado, cuando un funcionario realice una conducta para intimidar algún otro personal a su cargo.
Y sobre la alteración y uso indebido de documentos, según la legislación correspondiente, se aplicará prisión de tres días a tres años y multa. Lo que se agrava cuando es cometido por un funcionario público.
Juan Francisco Moreno detalló que en el caso del delito de coalición de servidores público, que se refiere en el catálogo de delitos cometidos por servidores públicos, se establece que se puede aplicar prisión de seis meses a tres años, una multa de 50 a 300 días y la destitución del cargo hasta por cinco años para desempeñar otro cargo.
"Se aplicaría un concurso de todos los delitos en su caso, que en su momento se analizarán todas las penas, inclusive se analizaría la participación, porque también hay que valorar la forma de participación de las personas que están siendo investigadas, si en algún momento se llegará encontrar alguna responsabilidad por parte de ellos", dijo Moreno Maldonado.