Chofer y ayudante presos por transportación de indocumentados
El Instituto Nacional de Migración (INM) trasladó a los 43 centroamericanos a la Ciudad de México para su deportación, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) fincó responsabilidad a los dos operadores del autobús de pasajeros por transportación de indocumentados.
El operador del camión de la línea transportes Frontera y su chofer auxiliar cometieron un delito al transportar a los inmigrantes extranjeros de acuerdo al artículo 159 fracción III de la Ley de Migración, según el criterio del Agente del Ministerio Público Federal.
El departamento de Comunicación del Instituto Nacional de Migración (INM) informó que los extranjeros interceptados en Castaños que serán repatriados a sus países de origen son un grupo de 37 personas de Honduras formado por cuatro hombres, 12 mujeres y 21 niños y adolescentes, y otro de República de El Salvador integrado por dos hombres, una mujer y tres menores de edad.
Los inmigrantes salieron de Monclova por la mañana en un autobús a la Ciudad de México a un centro para indocumentados en Iztapalapa, donde la dependencia federal prepara los trámites para deportarlos.
En Monclova quedaron detenidos el chofer de la unidad, Jonathan “N” y su relevo, cuyo nombre no fue revelado.
El asesor jurídico César García Diosdado, contratado para la defensa de los operadores del autobús, explicó que el Ministerio Público Federal parte erróneamente de la Ley de Migración, reformada en Abril de 2016, que en su fracción III del Artículo 159 sanciona a quienes transportan a indocumentados por el país con fines de lucro directo o indirecto.
Dicha fracción establece “Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal, a quien (sic) albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria” citó textual García Diosdado, doctor en Derecho Penal.
Agregó que es necesario que quede demostrada la intención del acusado de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, lo que no ocurre en este caso, sostuvo.
Señaló que el Instituto Nacional de Migración entrevistó a cada familia de indocumentados, quienes le manifestaron que abordaron el autobús en distintas ciudades, iniciando desde la Ciudad de México y los últimos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
“Cada familia por su cuenta compró el pasaje respectivo para cada miembro de su familia y abordaron el autobús de pasajeros mostrando su documentación de manera normal, como lo hicieron diversas personas de este país; no tienen relación o conocimiento con las diversas personas” que ya estaban o subirían en el camión, ni con el operador o su auxiliar, sostuvo el asesor jurídico.