'Continúa hostigamiento de Gobierno estatal tras publicación de informes'

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios acusó al Gobierno del Estado de continuar con los actos de hostigamiento contra el centro a raíz de las publicaciones presentadas sobre crímenes de lesa humanidad y exigió al gobernador Rubén Moreira evitar descalificar al centro sin argumentos.

"Hacemos un llamado al gobernador Rubén Moreira Valdez a evitar señalamientos que descalifiquen la labor de este Centro de Derechos Humanos o cualquier otro y lo hacemos responsable por nuestra seguridad e integridad. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. está siendo acompañado por Brigadas de Paz Internacionales y ha alertado de su seguridad a los órganos internacionales pertinentes".

De acuerdo al centro desde la publicación de los informes en la Corte Penal Internacional a principios de julio de este año y el informe de la Universidad de Texas la semana pasada, los actos de hostigamiento a través de incluso medios de comunicación siguen persistiendo.

No obstante, el centro aseguró que el gobernador Lic. Rubén Moreira Valdés, no tiene elementos para acusar de mala fe al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC.

“En todo foro y oportunidad hemos sido los primeros en reconocer los avances en política pública que en este sexenio se han logrado, con la participación de los colectivos de familiares de desaparecidos del estado, por medio de un modelo innovador de diálogo y construcción de acuerdos mediado por el Grupo Autónomo de Trabajo”, señalaron.

Aseguraron que sus colaboradores han sido testigos de este reconocimiento tanto en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo el 24 de octubre pasado, como en el foro sostenido en el Senado de la República sobre “La Política de Estado ante el Problema de las Desapariciones, el caso Coahuila”.

“Lo extraño es que esos colaboradores no lo reporten. También es extraño que ninguno de sus colaboradores o el gobernador mismo, se hayan tomado la molestia de leer los dos informes hasta ahora presentados, en donde el centro ha colaborado”, destacó.

El centro extendió un listado de aspectos que son necesarios comunicar al Gobierno del Estado:

1. Que nadie lo acusa. Lo único que hemos señalado es que hay serios indicios de responsabilidad que merecen ser investigados por el Estado mexicano, asuntos que debe dilucidar una autoridad competente. No es de interés de este Centro de Derechos Humanos atacar a nadie en particular, nos interesa generar procesos de verdad e impulsar acciones de justicia.

2. Que el informe de la Universidad de Texas no es una investigación de la Clínica de Derechos Humanos, es apenas una sistematización de la investigación de fiscales del FBI, y de declaraciones de testigos vertidos en tres juicios, que tres jurados distintos consideraron creíbles “más allá de cualquier duda”.

-Si el gobernador piensa que mienten, no es la Universidad de Texas la responsable, será el sistema judicial federal de los Estados Unidos.

-Si el gobernador quiere aportar su versión de los hechos, debe dirigirse a los fiscales, no a la Universidad de Texas y no al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC. “En las dos ocasiones que tuvimos para hablar del contenido de los informes, en privado con el Gobernador, en una se nos censuró y en la segunda con la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), no se presentó a pesar de la cita confirmada”, señalaron.

3. Que su política de seguridad o de atención a las familias de los desaparecidos no suple la exigencia de verdad y justicia.

“En reiteradas ocasiones hemos señalado, tanto en público como en privado, que la gran deuda del gobierno actual es con la verdad y con la justicia. De las más de 1700 carpetas de investigación que tiene la Subprocuraduría de Desaparecidos (sin contar expedientes de homicidios y tortura), no hay más de 5 procesos abiertos, incluidos Allende y Piedras Negras”, señalaron.